Ante las declaraciones realizadas en los últimos días y aparecidas en algunos medios de comunicación, por parte del GECEN y del fiscal jefe de Castellón Javier Carceller, sospechosamente coincidentes en su argumentación, la asociación de paranyers APAVAL se siente perseguida, vejada y acorralada.
Desde APAVAL queremos manifestar nuestra indignación por ser tratados como delincuentes, por el mero hecho de practicar una antigua tradición heredada de nuestros antepasados, fiel reflejo de la cultura e idiosincrasia valenciana, que además está autorizada y se practica con toda normalidad en países europeos cono Francia. Máxime cuando ha sido respaldada por la inmensa mayoría de los representantes del pueblo valenciano que conforman el arco parlamentario de las Cortes Valencianas.
El cambio legislativo que, por cierto, no autoriza nada, responde a la voluntad expresada por la vía más escrupulosamente democrática, es decir por el máximo órgano legislativo de la Comunidad Valenciana. Recordemos, además, que nuestra Comunidad Valenciana (como todas) tiene transferidas todas las competencias en materia de caza. Dicho cambio ha sido recurrido por el Gobierno Central, admitido a trámite y suspendido de manera cautelar por el Tribunal Constitucional. Para APAVAL resulta incomprensible y altamente antidemocrático que desde fuera de nuestra Comunidad Valenciana alguien pretenda anular la iniciativa del Gobierno Valenciano.
Además, dicho recurso se presenta únicamente por invasión de competencias y teniendo en cuenta que dicho tribunal aún no se ha pronunciado, en ningún caso, se puede deducir que practicar el Parany sea delito y mucho menos pueda calificarse como crimen contra la fauna.
Podemos entender la locura de la radical persecución a la que nos tienen acostumbrados desde hace muchos años los antiparany como GECEN. Pero no comprendemos la persecución iniciada por el fiscal jefe desde su llegada a esta provincia. Porque a todas luces, resulta incomprensible que después de los pronunciamientos (al menos cuatro hasta el momento, pero promete que serán muchos más) de las dos secciones penales de nuestra Audiencia Provincial, donde se concluye sin paliativos que la práctica del parany es una falta administrativa y no un delito, este señor continúe con su tesis de criminalizar a todo un colectivo de gente honrada y normal.
Mucho menos comprensible resulta la actitud del fiscal jefe, cuando esto representa colapsar la administración de justicia, cuya problemática de saturación es por todos conocida, y por ende el gran dispendio económico que ello conlleva. Dispendio económico que tienen que pagar de su bolsillo, todos los ciudadanos.
Humildemente pensamos que existen otros y muy graves problemas medioambientales que requieren mucha más atención, y respecto de los cuáles convendría que el Sr. Carceller explicara a la ciudadanía qué se está haciendo, porque mucho nos tememos que la Fiscalía de Medio Ambiente de Castellón justifica su existencia y pervivencia en las óptimas estadísticas que resultan de formular en menos de dos años más de 200 denuncias, solo contra los paranyers. Se desoyen los pronunciamientos judiciales, se ningunea la labor de los Jueces y Tribunales, y se continúa persiguiendo a un colectivo a sabiendas de que se formulan denuncias sin contenido ni trascendencia penal.
No es la fiscalía ni el GECEN quienes han de determinar si el parany actual, el que quiere regular el Consell, es selectivo o no. Son, eso si, otras instancias que vienen determinadas marcadas por las leyes, las que en su momento se pronunciarán.
No se puede acongojar a un colectivo tachándolo de delincuente, cuando no lo es, porque la gran mayoría de los paranyers, lo único que queremos es poder practicar, con una normativa clara, el arte heredado de nuestros ancestros para evitar los abusos y el furtivismo.
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