Revista Apaval nº 44
Mentiras subvencionadas: cuando la caza molesta a los que viven de hablar de ella
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Este título no es casual. «Los vicios ocultos» no solo existen: perduran. Y lo más preocupante es que, lejos de corregirse, se camuflan en estructuras oficiales y discursos grandilocuentes que poco tienen que ver con la realidad del campo y la caza tradicional.
La historia de esta batalla —porque lo es— se remonta a años atrás, marcada por el constante acoso de ciertos sectores políticos, ecologistas de despacho y colectivos animalistas que han hecho de la palabra anticaza su bandera. Grupos que conforman el núcleo duro contra nuestras tradiciones cinegéticas. ¿Y por qué actúan así? La verdad es que la respuesta no es tan compleja como puede parecer: porque viven de ello. Porque hay subvenciones —generosas, por cierto— que se reparten bajo decretos creados a medida, muchas veces impulsados por amigos bien situados en los gobiernos.
Y es que confundir a la sociedad parece ser su especialidad. Cuando se ven sin argumentos, recurren al comodín de “Europa lo prohíbe”. Pero Europa, curiosamente, no prohíbe lo que ellos hacen. Solo lo que practican otros. Una doble vara de medir que ya no sorprende.
Cuando hablo de esos vicios ocultos, me refiero también a aquellos funcionarios públicos que militan en asociaciones anticaza. ¿Pueden pertenecer a ellas? Sí. Pero deberían, al menos, disimular sus doctrinas cuando ocupan cargos en instituciones públicas, donde la objetividad y el cumplimiento legal son —o deberían ser— irrenunciables.
Un ejemplo claro lo vivimos el 14 de septiembre de 2016, cuando desde APAVAl presentamos ante la Dirección General del Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica (sí, su nombre ya da pistas), una solicitud para probar en campo la trampa tipo “cesto malla”, destinada a la captura en vivo de aves dentro del marco de la caza tradicional de turdidos.
Ahí comenzó un largo y frustrante capítulo. En lugar de valorar técnica y legalmente la propuesta, empezó el juego de obstáculos. El mismo que desgasta y desacredita. Se tocó de lleno la tradición del pueblo valenciano, mientras se pronunciaban frases llenas de buenas intenciones en público… y se ponían trabas en privado.
Con el paso del tiempo, las maniobras para evitar la aprobación de la prueba de campo se hicieron más evidentes. Mentiras, silencio administrativo y argumentos sin base, que nos obligaron —tras mucha paciencia— a acudir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, quedando registrado en la sentencia 350 del TSJCV.
Finalmente, tras años de espera y recursos, presentamos el Recurso de Alzada contra la resolución del expediente GVRTE/2020/1435803, solicitando su anulación. Y lo hicimos con todo lo que exige la ley y el sentido común: informes técnicos, fundamentos jurídicos y documentación exhaustiva.
Porque en esta lucha no solo defendemos una práctica cinegética. Defendemos una cultura, un legado, un modo de vida que forma parte del paisaje humano y natural de nuestra tierra.
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